Hay políticos que presumen lo que construyen. Y hay otros que terminan presumiendo lo que no pidieron prestado. Cruz Pérez Cuéllar decidió ubicarse en el segundo grupo. Se autodefine como un «excelente administrador» porque gobernó sin contratar deuda, pero administrar no consiste únicamente en mantener sanas las finanzas; también implica convertir el presupuesto en obras que mejoren la vida de la gente. Ahí es donde su discurso empieza a desmoronarse. Porque después de casi seis años al frente de Ciudad Juárez, el saldo en materia de puentes emblemáticos es demoledor: anunció dos, promovió dos, defendió dos… y no entregó ninguno.
El primer fracaso quedó exhibido cuando el puente elevado de la Vicente Guerrero terminó estrellándose contra la realidad. El proyecto arrancó sin reunir todas las autorizaciones indispensables y terminó siendo frenado por las autoridades federales al tratarse de una zona con valor histórico. Durante meses se descalificó a quienes advertían los riesgos del proyecto, calificándolos de politiqueros y obstaculizadores. Al final, los hechos les dieron la razón. El diseño original quedó enterrado y tuvo que replantearse por completo. Cuando una obra se anuncia antes de tener los permisos en regla, el problema no es la oposición; el problema es la improvisación.
El segundo puente ni siquiera alcanzó esa etapa. El Ayuntamiento presupuestó casi 134 millones de pesos para construir el paso elevado del eje vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, una de las zonas con mayor conflicto vial de la ciudad. Sin embargo, la propia administración terminó reconociendo que ya no le alcanzaba el tiempo para obtener los convenios con Ferromex, las autorizaciones federales y concluir la licitación antes del cambio de gobierno. Traducido al español: el proyecto murió porque el propio Municipio no hizo a tiempo la tarea que le correspondía hacer. Mientras tanto, ya se habían gastado alrededor de 46 millones de pesos en estudios, rastreos y trabajos preliminares, sin que existiera una sola columna levantada.
Y entonces vino la cereza del pastel. El dinero que originalmente estaba destinado a mejorar la movilidad de miles de juarenses terminó redistribuido entre equipamiento del CERI, refacciones para vehículos, despensas, eventos municipales y otros conceptos administrativos. Todos pueden ser rubros necesarios, pero ninguno sustituye la infraestructura prometida. La pregunta es inevitable: si desde un principio no existían las condiciones para construir el puente, ¿por qué se comprometieron recursos públicos y se vendió el proyecto como un hecho consumado? Porque una cosa es cambiar prioridades y otra muy distinta convertir una obra emblemática en una bolsa de recursos para tapar otros pendientes.
Mientras tanto, Cruz Pérez Cuéllar dedica buena parte de su discurso a cuestionar las obras de otros gobiernos y a descalificar proyectos ajenos. La política permite el contraste, pero también exige congruencia. Resulta complicado vender la imagen de un administrador ejemplar cuando los proyectos insignia de infraestructura terminan cancelados, rediseñados o archivados antes de colocar el primer concreto.
Porque los gobiernos no se califican por los boletines que publican ni por las entrevistas donde se aplauden a sí mismos. Se califican por lo que dejan funcionando cuando se apagan los reflectores. Presumir que no hubo deuda sirve de poco cuando el verdadero déficit terminó siendo de resultados.
