Por mayoría de nueve votos a dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al analizar la segunda parte de la reforma, las y los ministros confirmaron que hubo siete violaciones por parte de diputados y senadores de Morena y sus aliados durante el proceso parlamentario que le dio origen, las cuales tienen un “potencial invalidante” dada su gravedad.
Contrario a lo que se esperaba, el ministro Arturo Zaldívar votó con la mayoría por la invalidez total de la reforma. Dijo que lo hace por convicción y congruencia, pues en temas similares ha votado en ese sentido desde 2010.
La ministra Esquivel, en un duro posicionamiento que leyó, acusó que la SCJN pretende invalidar la reforma con un mero “examen superficial”, sin entrar al análisis del fondo del asunto, lo que le resta credibilidad al Tribunal Constitucional.
“Me parece que simplemente erigirnos como gestores de las buenas prácticas parlamentarias es una aportación limitada para lo que la Constitución nos exige que es la de poner fin a los conflictos”, dijo la ministra.
“Hoy vamos a emitir una resolución sin resolver el fondo del problema al invalidar por vicios de forma más de 450 normas sin siquiera mencionar o al menos analizar si cada uno de los artículos está apegado o no a la Constitución”, sentenció.
Pérez Dayan dijo que no renuncia a su deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal, mientras pueda asegurar que, para llegar a ello, esté convencido de que se hizo lo necesario para que eso que se dice ley sea ley.
“Si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo, no son simples formas, lo aclaro, son las reglas de la democracia constitucional establecidas en un documento supremo, para dar validez al orden jurídico nacional”, aseguró.
Mientras que el ministro Luis María Aguilar, aseguró que toda norma debe estar sujeta al mandato popular y todos debemos estar sujetos al mandato de la Constitución. Señaló que cada uno de los elementos que conforman el procedimiento parlamentario de creación de leyes, confluyen en una finalidad común que es garantizar que el Congreso emita las leyes más justas, más democráticas y que representen en mayor medida el sentir del pueblo de México.
“No respetar las reglas del procedimiento legislativo, es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que representan a un sector importante del pueblo de México”, indicó.