Hoy, Claudia Sheinbaum Pardo asume como la primera presidenta de México, enfrentando importantes retos relacionados con la gobernabilidad del país, bajo un contexto de presiones financieras, reorganización administrativa y niveles históricos de homicidios. Entre las implicaciones de su mandato se encuentran posibles reformas constitucionales, incluyendo la reforma judicial, y la necesidad de imprimir su propio sello en el gobierno.
En el ámbito económico, Sheinbaum tendrá que trabajar para reducir la incertidumbre económica y demostrar que el poder acumulado, con pocos contrapesos, no afectará la relación con el sector privado ni con socios internacionales como Estados Unidos. Según un reporte de Citibanamex, el gobierno anterior mantuvo los pilares de estabilidad macrofinanciera, pero debilitó la disciplina fiscal. En este sentido, el nuevo gobierno será evaluado por el enfoque que adopte para abordar estas áreas, en especial su relación con el sector privado.
Sheinbaum, de 62 años, ha señalado que dará continuidad a los proyectos de López Obrador y ha presentado un conjunto de 100 compromisos y acciones prioritarias. Estas incluyen la división entre el poder político y el económico, la austeridad y el «humanismo mexicano». En términos de energía, su plan contempla el fortalecimiento de Pemex y CFE, con una inyección de recursos para ambas empresas y la promoción de la transición energética mediante la construcción de plantas fotovoltaicas, eólicas y geotérmicas, además de fomentar el uso de paneles solares en viviendas y comercios.
Uno de los proyectos más ambiciosos de su gobierno será la operación de al menos ocho líneas de trenes de pasajeros, que conectarán diversas regiones del país, como el AIFA-Pachuca y el México-Querétaro-Guadalajara, entre otros. Estos proyectos forman parte de su estrategia de infraestructura para impulsar el desarrollo nacional y mejorar la conectividad.
