“Legisladoras y legisladores paseando con un pañuelo azul no impide abortar, al contrario, aboga por la clandestinidad; o quienes, como yo, vestimos un pañuelo verde, no promovemos el aborto”, así lo señaló ante tribuna la diputada de Morena Jael Argüelles Díaz, en el marco de la resolución de la SCJN, en la cual declaró inconstitucional su penalización en Chihuahua por ser contraria a los derechos humanos.
Durante su posicionamiento la congresista, recordó que el amparo en revisión 666/2023, fue promovido por una mujer de Chihuahua, acompañada legamente por Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua y AbortistasMx, aunque la sentencia sólo beneficia a la mujer que promovió el juicio, reconoce que la tipificación actual del aborto viola el derecho a decidir. Este fallo se une a la serie de precedentes judiciales que se han reiterado en los últimos años.
En este sentido, destacó que la Sala sostuvo que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación por razón de género, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes sólo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone la maternidad como un destino obligatorio.
Argüelles Díaz, afirmó que, en su fallo, también se resolvió que la sola condición de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reconocer el interés legítimo para impugnar la regulación del delito de aborto, sin necesidad de que exista un acto de aplicación de las normas penales, ni exigir que la persona quejosa se encuentre embarazada.
Aunado a esto, se consideró que el hecho de que una mujer víctima de una violación sexual decida abortar y sea criminalizada, le genera un profundo daño y sufrimiento, ya que extiende los efectos del delito y las obliga a mantener un embarazo no deseado –producto de un hecho traumático—, lo que constituye una forma de tortura y malos tratos.
“La interrupción del embarazo es un asunto de derechos: derecho a la dignidad humana, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, al derecho a la salud y a la libertad reproductiva.
Dejemos claro que nadie se embaraza, en ejercicio de su autonomía, para después abortar. Son diversas circunstancias —físicas, económicas, sociales, familiares— las que la obligan a tomar esa difícil decisión”, precisó.
Y es que, en el Congreso del Estado, hay dos iniciativas que se ajustan completamente a la determinación de la Corte: los asuntos 828 y 233. Entre los cambios relevantes se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas y se elimina el plazo para interrumpir un embarazo resultado de una violación sexual.
Por lo anterior, instó a que la legislatura haga lo que le corresponde conforme al precedente marcado por la Corte y garantice a todas las mujeres la protección de sus derechos, para que los procedimientos de interrupción del embarazo sean llevados a cabo en condiciones legales y seguras que preserven sus vidas, su salud y su seguridad jurídica.
“Las mujeres van a abortar con, sin y a pesar de la Ley, por esto no permitiremos que nos roben la palabra ‘vida’ porque nosotras estamos a favor de la vida. Estar a favor de los abortos seguros, en sitios adecuados y bajo la supervisión de profesionales, es estar a favor de la vida”, dijo.
Por último, agregó que mucho se ha hablado de los sistemas de salud con los que se quiere comparar al mexicano, lo cierto es que, todos estos países a los que les gustaría a los panistas que México se pareciera, tienen despenalizada la interrupción del embarazo.
Países que han asimilado esta problemática como un asunto de salud pública y no como una discusión sobre moral personal, la religión o la metafísica.