El diputado del PAN, Ismael Pérez Pavía, hizo un llamado a la Secretaría de la Función Pública Federal para que inicie las investigaciones sobre las posibles responsabilidades e irregularidades en el contrato con la compañía de seguridad privada CAMSA, el Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República.
En su exposición, el diputado cuestionó quién estaba a cargo de la seguridad del centro migratorio y se refirió al contrato público que adjudica directamente al Grupo de Seguridad Privada CAMSA. Este establece que el Instituto pagará al proveedor como contraprestación por los servicios objeto de este contrato un monto mínimo total de 76 millones y un monto máximo de 190 millones de pesos.
El convenio también contemplaba que la empresa debía aportar 503 elementos de seguridad en 23 estados, pero en Ciudad Juárez, solamente se tenían reportados 4 elementos. Lo anterior da lugar a un concierto de ilegalidades cometidos por el Gobierno Federal.
«Estamos ante la clara comisión de responsabilidades administrativas y penales por parte del gobierno encabezado por Andrés Manuel.
Por otorgarle un contrato a un amigo o conocido, fueron capaces de poner en riesgo la seguridad de migrantes y traer como consecuencia el fallecimiento de ellos, hasta donde alcanza el velo de impunidad de este gobierno de falsa transformación», apuntó el representante del Distrito 11.
Cabe señalar que el incendio de la noche del pasado 27 de marzo en la estancia migratoria de Juárez, según cifras del INM, dio como resultado 40 personas fallecidas y al menos otras 28 personas que se han reportado en estado grave, la mayoría provenientes de Guatemala.
