Chihuahua.-
Después de que la extitular de la Función Pública durante la administración de Javier Corral, Mónica Vargas Ruíz fuera citada a comparecer por posibles irregularidades durante su gestión, su abogado defensor, Rodolfo Martínez, informó que desde el martes de la semana pasada Vargas Ruiz solicitó un amparo para protegerse en contra de cualquier sanción, que busquen imponer por las irregularidades detectadas en el acta de entrega-recepción.
Detalló que una juez Federal le dio la suspensión definitiva, argumentando que el órgano interno de control está haciendo las cosas mal, en donde las acusaciones son absurdas y no tiene que ver con el cargo que ostentaba Mónica Vargas Ruíz.
Lo anterior derivado de una serie de 17 observaciones detectadas por el actual Gobierno, dentro del acta de entrega-recepción, por lo que se procedió a un amparo con el número 1237/2022 el cual promovió la semana pasada.
Según el abogado se demostró ante la justicia Federal que el Órgano Interno de Control está alejado de la legalidad pues no tiene la dependencia jerárquica y funcional de la Función Pública por lo que, el aceptar una denuncia, iniciar un procedimiento y citar a la exsecretaria Mónica Vargas resultan actos carentes de validez.
Ante esto, Rodolfo Martínez citó el artículo 8 del Reglamento de la Secretaría de la Función Pública en el que se establece que la persona que ocupe la titularidad de la dependencia no tiene la obligación de verificar archivos o expedientes, así como el realizar las investigaciones o iniciar procedimientos administrativos, facultades que recaen sobre otros cargos, por lo que las irregularidades no dependen de Vargas Ruíz.
Detalló que una de las irregularidades por las que fue citada Vargas Ruiz es por la falla de un link para acceder a información “esa es la más grave que logramos encontrar, es la menos tonta porque no queremos avergonzar a este órgano interno de control, una liga referida en el acta de entrega-recepción no funciona”, dijo.
Finalmente, el abogado señaló que analizan los recursos legales, esto con el fin de ver si proceden o no en contra legalmente del actual Gobierno estatal dado a las violaciones en los derechos de la ex secretaria de la función pública.