Justicia de Brasil busca quitarle la concesión a medio afín a Bolsonaro por difundir ‘fake news’

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El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil solicitó el martes que la Fiscalía cancele las licencias de transmisión de la cadena de radio y televisión Jovem Pan, al acusarla de «transmitir contenido que socava la confianza de la gente en la democracia, incluida la desinformación sobre el funcionamiento de las instituciones públicas nacionales e incitaciones a la violencia y la ruptura del régimen democrático», así como imponerle una multa de al menos 13.4 millones de reales (unos 2 millones 760 mil dólares / 47.2 millones de pesos mexicanos).

Jovem Pan, que ha existido como una cadena de radio desde 1944, se ha convertido en uno de los medios afines al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro a partir del lanzamiento de su canal de noticias en 2021 y es considerado como el ‘Fox News’ de Brasil. Durante la pasada administración, el medio estuvo en centro de la polémica tanto con su afinidad ideológica como en la difusión de noticias falsas.

Según el MP, las estaciones de radio y televisión de Jovem Pan emitieron, al menos entre 2022 y 2023, contenidos poco informativos sobre el funcionamiento del sistema electoral brasileño, concluyendo que la empresa de medios abusó de la libertad de transmisión. Sin embargo, si es acatada la solicitud, la cadena mantendrá sus transmisiones en YouTube y TV de Paga ya que el proceso solo involucra subvenciones de transmisión abierta.

En la acusación de 215 páginas, las autoridades citan ejemplos de la difusión de noticias falsas para atacar la confiabilidad de las pasadas elecciones presidenciales de 2022, atacando a las autoridades e instituciones del país, incitando a la desobediencia a las leyes y sentencias judiciales, defendiendo la intervención de las Fuerzas Armadas sobre los poderes civiles y fomentando la población «para subvertir el orden político y social».

Dentro de las acusaciones, se menciones agresiones directas a los miembros del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral de Brasil, y el uso de términos como «obstrucción» y «cáncer» para caracterizar a los tribunales, y en particular, al magistrado Alexandre de Moraes, quien ha estado presidiendo la posible inhabilitación política de Bolsonaro.

“Si las Fuerzas Armadas están dispuestas a actuar, lo que decida el STF es absolutamente irrelevante” y “si ustedes (las Fuerzas Armadas) van a defender la patria, y va a haber una reacción de vagabundo. Están formados para eso” son algunos ejemplos recogidos en la investigación.

Por su parte, Jovem Pan se defendió de las acusaciones del MP, alegando que están ejerciendo un «acto de censura» y que reafirman «su compromiso con la democracia» brasileña, bajo el hashtag #NãoVouSerCalado («No vamos a ser callados»), asegurando que es «un atentado contra la democracia que solo se vio en los regímenes fascistas, nazis, soviéticos y otros regímenes autoritarios».

El Ministerio Público «hace uso de la maquinaria y la estructura del Estado brasileño para propagar sólo la acusación, la petición inicial, como si fuera una medida definitiva, como si de ahora en adelante refleja el resultado de un proceso que ni siquiera ha comenzado […]  Jovem Pan presta servicios de utilidad pública desde el siglo pasado, pero recién ahora está bajo ataque, precisamente porque es lo que se espera de un vehículo de prensa: ser libre, independiente y crítico [..] No a la censura de hoy para no tener vergüenza de ser brasileño mañana».

El propio expresidente Jair Bolsonaro defendió a la cadena Jovem Pan, asegurando que “Parece que la izquierda no quiere un competidor en 2026. Sería elegir a Lula da Silva (como presidente) por aclamación”.

La Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert), a la que están asociadas cientos de estaciones de radio y decenas de canales de televisión abierta en todo el país, distribuyó una nota para advertir sobre la medida del MP, que considera «extrema y grave», citando que la «libertad de programación de los radiodifusores es fundamental para el libre ejercicio del periodismo y para la existencia del pluralismo de opinión, que debe preservarse siempre».