El pasado 7 de diciembre inició una nuevo capítulo de la crisis política peruana que, lamentablemente, cobró la vida de 60 ciudadanos y que ha llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas. A través de un informe ha dado a conocer que se ha reunido información en torno a la muerte de protestantes y el accionar de las fuerzas del orden. Ante ello ha dado un plazo al gobierno para que este brinde mayor información.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos utilizó los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo en torno a las víctimas y heridos de las protestas. Asimismo, mencionan que han sido informados de que “los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”.
Los informes de autopsia y análisis forense de los fallecidos en Puno sirvió a la entidad para conocer que estos habría muerto por heridas de bala. El texto hace mención a la muerte de seis ciudadanos en los que “se habrían detectado restos de municiones de fusil AKM”. En torno a las detenciones arbitrarias, se mencionó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Un informe de La República señala que la ONU señala que se reportó que la “respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada de un discurso oficial que señala estar ‘en guerra’ y que califica a las personas que protestan como ‘enemigos’ o terroristas’, lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas”. Ante esto, la entidad ha expresado su profunda preocupación.
