Tras auditoria a cuenta pública 2021
Luego que el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, presentara a la comisión de Fiscalización, los resultados del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y de Auditorías Forenses, la diputada de morena Leticia Ortega Máynez, presidenta de la comisión aseguró que los resultados arrojados demuestran que es necesario imponer mayores sanciones a los entes públicos que reinciden en el mal manejo de recurso públicos.
“Se presentaron una serie de asuntos relevantes, por ejemplo, cuando llega al punto de educación me duele, no creo que un recurso de casi 40 millones de pesos, se desvíen o no se ejerzan y que los planteles queden solos, abandonados, y luego construidos en lugares inaccesibles, esto no puede estar pasando” destacó la diputada morenista al referirse a lo expuesto a cerca de los 5 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, para los que se destinaron más de 43 millones de pesos, y de los cuales sólo uno está operando, mientras que los otros 4 están en abandono y vandalizados. Aunado a que dichos planteles no cuentan con registro para expedir certificados por la SEP.
“Este tipo de ejercicios, como el de hoy, empujará para que en donde quiera que se utilice recurso publico este tenga que ser gastado de manera eficiente, con diciplina financiera y que cuando haya un desfalco se generen las denuncias pertinentes para que con ello las instancias resuelvan; pero es importante los señalamientos, como los de hoy”.
Explicó Ortega Máynez, quien hace así referencia al Instituto Chihuahuense de la Salud, al que la Secretaría de Hacienda debía 401.3 millones de pesos y este instituto, cedió sus derechos de cobro a favor de BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple, pagando 24.1 millones de pesos entre comisiones e intereses sin autorización del Congreso del Estado.
Y a la Secretaria de Desarrollo Rural, que entregó 12.1 millones de pesos en apoyos por daños debido a la sequía a 12 mil 294 beneficiarios de 19 municipios, en el “Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural”, pero que se encontró que los apoyos no llegaron a la totalidad de los beneficiarios, a quienes entrevistó la Auditoria Superior del Estado; que encontró además que otros beneficiarios no eran productores agrícolas, en tanto que en cuatro municipios se detectaron, por dicho programa, pagos dobles y con cheques falsos.
Ante estos hallazgos y otros más que se presentaron ante la comisión presidida por Leticia Ortega, la diputada asegura que se requieren sanciones más duras que una observación para los entes reincidentes en estos casos. Como el caso al ejecutivo estatal que utilizó el fideicomiso creado por el legislativo para la restructuración de la deuda, para contratar los servicios de un despacho, con la misma finalidad, por 98.6 millones de pesos.
