La Fiscalía General del Estado acaba de confirmar que se han liberado órdenes de aprehensión contra 19 personas de los ejidos Benito Juárez y Constitución, municipio de Buenaventura.
Ante ello, la bancada de Morena en el Congreso del Estado emite el siguiente posicionamiento:
El Ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, en Chihuahua, se ha opuesto a la instalación de la empresa minera canadiense Mag SIlver Corp. dentro de su territorio, oposición que le costó la vida a Ismael Solorio, quien fuera uno de los opositores más visibles a la minera, junto con su esposa Manuela Solís, asesinado el 22 de octubre de 2012.
En el mes de noviembre del mismo año, la asamblea ejidal, por mayoría calificada y por unanimidad de votos, decidió imponer una moratoria a cualquier trabajo de minería por 100 años, cuestión que aunque fue impugnada por la empresa minera, se encuentra validada por tribunales agrarios.
Al momento de la decisión de la asamblea ejidal, la empresa mantenía en el territorio ejidal material residual de la extracción de minerales que ya se habían enviado a laboratorio, pues el proyecto se encontraba en etapa de exploración.
Dado que la minera no acató la expulsión decretada por la asamblea ejidal, el 24 de abril de 2013 la comunidad decidió mover fuera del fundo legal del Ejido los contenedores con residuos de la mina, acción en la que participaron alrededor de 150 personas.
Por lo anterior, la empresa minera interpuso una denuncia por robo, daños y otros delitos en contra de varios integrantes de la comunidad, por lo que los materiales fueron resguardados por la Fiscalía del Estado, donde al parecer se conservan hasta hoy. Durante casi 9 años no hubo mayor información sobre la suerte de la denuncia.
Por otra parte, productores y productoras del ejido Constitución, también del municipio de Buenaventura, junto con los de Benito Juárez, han venido impulsando desde hace 10 años un movimiento contra la sobreexplotación del agua en la cuenca del río del Carmen.
Han manifestado su inconformidad una y otra vez contra la familia LeBarón, propietaria del rancho La Mojina, ubicado frente al ejido, pues no cuenta con licencia de cambio de uso de suelo para agricultura, ni cuentan con concesiones legales para explotar el agua y a pesar de ello han plantado miles de nogales.
Al ser desoídas las demandas de las y los ejidatarios, el 20 de abril de 2020 más de 100 integrantes de ambas comunidades ingresaron al Rancho La Mojina a realizar una inspección del estado de los pozos ilegales.
Lo anterior derivó en una fuerte confrontación que incluyó agresiones físicas, con lo cual se evitó la electrificación de once pozos ilegales demanda principal del ejido.
Desde el 2012, ambas partes interpusieron denuncias penales por los hechos ocurridos.
Todos estos años ambos ejidos han expuesto esta problemática a las autoridades pero a la fecha no se ha hecho nada para el reordenamiento de la cuenca, la no electrificación de pozos ilegales ni se han atendido las denuncias penales por delitos contra el medio ambiente.
Los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua pensamos que librar órdenes de aprehensión contra las personas que vienen luchando por hacer efectivos sus derechos al agua para uso doméstico, para producir y favorecer el medio ambiente sano, en lugar de solucionar agrava la severa problemática que padecemos.
Comprometemos lo mejor de nuestros oficios para colaborar a la solución de este conflicto.
Al mismo tiempo, solicitamos a las autoridades del Gobierno Federal y de Gobierno del Estado se abra de inmediato una mesa de diálogo con las partes afectadas y se suspendan las órdenes de aprehensión emitidas.
Proponemos se forme una comisión plural del H. Congreso para que acompañe y dé seguimiento a estas mesas y las acciones que de ahí surjan.
